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CARA A CARA

ENTREVISTA AL SECRETARIO DE ESTADO

D. Carlos López Blanco, Secretario de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
Nadie duda que el sector de las telecomunicaciones entró en una grave crisis a mediados del 2000. En España también, pero con problemas específicos. El cambio de responsables en el Ministerio, en el verano pasado, creó buenas expectativas. Las primeras declaraciones y actuaciones fueron muy esperanzadas. Los últimos meses han enfriado el ambiente. ¿Cuál es la causa? ¿Hay más dificultades de las previstas?

El reto del Ministerio de Ciencia y Tecnología es adoptar con toda la celeridad que sea posible medidas dirigidas a superar o suavizar esta compleja situación, dinamizando el sector, recuperando la confianza perdida e incorporando nuevos servicios.

El Ministerio ya ha adoptado muy importantes medidas en esta línea y a modo de ejemplo cabe citar entre las de mayor calado la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la inclusión ya en la Ley 34/2002 del acceso funcional a Internet como parte integrante del servicio universal de telecomunicaciones y la aprobación en enero de este año del Plan de sustitución de las líneas TRAC, la aprobación del Plan de dominios de Internet bajo el código ".es", la adecuación de los compromisos y garantías de los operadores de cable, UMTS y LMDS a la realidad del sector, el nuevo régimen tarifario de Telefónica, el bucle virtual de abonado, el impulso normativo y de planificación de la televisión local, etc.

Y se va a seguir con esta intensa actividad, ya que está muy próxima la aprobación del proyecto de Ley de firma electrónica, de un nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios, y se encuentra en sus fases finales de negociación el anteproyecto de Ley General Audiovisual.

No siempre se puede ir todo lo rápido que uno quiere ir, pues resulta necesario consensuar las decisiones con el sector, con los consumidores y usuario, con agentes diverso, y deben cumplirse una serie de trámites y requisitos, pero considero que las decisiones adoptadas y las que en muy breve tiempo se van a tomar son numerosas y de un gran calado.

Si el modelo que se empezó a diseñar en la Comunidad Europea en 1987 se considera fracasado en muchos aspectos, ¿cree que el Paquete 2003 puede solucionar los problemas?

No creo que se pueda afirmar que el modelo de liberalización del sector de telecomunicaciones diseñado desde 1987 haya sido un fracaso. El proceso de liberalización debe ser contemplado como un itinerario en el que se dan pasos sucesivos, de manera que un paso es consecuencia del anterior y al mismo tiempo es causa del siguiente.

El Paquete Telecom 2003 constituye el estadio final, por el momento, de este ambicioso y complicado proceso de liberalización de las telecomunicaciones. La principal virtud del Paquete es, partiendo de una liberalización ya alcanzada con el Paquete de 1998, consolidar esta competencia y poner un especial énfasis no ya en fijar unas previas reglas de juego objetivas y neutrales sino en garantizar un funcionamiento eficaz de los mercados, lo cual requiere una actitud especialmente activa de las autoridades regulatorias.

Ese nuevo marco debe implantarse el próximo verano. ¿Dará tiempo a aprobar la nueva Ley General de Telecomunicaciones y todos los Reglamentos que la desarrollan?

El calendario que nos hemos marcado en el Departamento es que las Cortes Generales puedan haber aprobado la Ley General de Telecomunicaciones en el presente período de sesiones, esto es, en junio.

Ya estamos trabajando en la redacción y tramitación de los reglamentos de desarrollo de la futura Ley, que podrán ser aprobados en el tercer trimestre del año, ya que, en todo caso, deberá esperarse a la redacción final de la Ley por las Cortes para poder dar el último impulso en la aprobación de los reglamentos.

En caso contrario, ¿qué medidas se tomarán?

Como ya he mencionado anteriormente, nuestro deseo es que las medidas que tenemos el propósito de adoptar lo sea lo más rápidamente posible. En todo caso, la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones y sus normas de desarrollo son irrenunciables, no sólo por los compromisos con la Unión Europea, sino como instrumentos de altísimo valor para impulsar y dar confianza al sector.

En AUTEL venimos pidiendo desde hace años la creación de un Ente específico para gestionar el espectro. Por eso hemos visto con disgusto cómo, al pasar el anteproyecto por el Consejo de Ministros, desaparecía la propuesta de creación de la Agencia. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Se podrá recuperar en el trámite parlamentario?

Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se viene defendiendo la necesidad de la creación de una Agencia del Espectro Radioeléctrico como ente cuya especial configuración y actividad proporcione mayor agilidad y flexibilidad en la asignación y uso de este recurso escaso de telecomunicación, especialmente en el nuevo marco normativo en el que se va a gozar de mayor libertad en la disponibilidad y condiciones de utilización de las frecuencias radioeléctricas.

No obstante, debe tenerse en cuenta, asimismo, el principio de rigor y consolidación que rige la política presupuestaria de las Administraciones Públicas, de manera que la creación de esta nueva entidad no puede suponer en ningún caso aumento del gasto público, por lo que en este momento se están arbitrando los mecanismos que permitan conjugar ambas finalidades.

En el citado anteproyecto, respecto a las funciones de nuestra ANR bicéfala, se señala en el preámbulo la idea de potenciar a la CMT, pero luego se reducen sus funciones sancionadoras. ¿Cómo se compatibiliza?

Considero que el nuevo reparto de competencias entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la CMT no debe ser leída en clave de si un organismo refuerza su nivel competencial en perjuicio del otro, sino en la línea de aclarar el papel que en el nuevo entorno debe jugar cada uno de ellos.

Así, en el caso concreto de la CMT, se persigue que sea un organismo muy involucrado en el mercado de las telecomunicaciones, adoptando posiciones mucho más proactivas, sugiriendo comportamientos, recomendando prácticas y prohibiendo determinadas conductas, y postulando posiciones menos reactivas. La CMT debe actuar con agilidad para evitar el conflicto antes de que surja. De ahí que erróneamente pueda entenderse que se cercenan las potestades sancionadoras o las competencias de la CMT.

En la asignación de funciones no hay ninguna atribuida al Ministerio de Economía, pero en las diferentes disposiciones que se están publicando sigue con el papel de fijar determinados precios ¿Va a continuar realizando esa función, aunque no se contemple en la ley?

En el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones se reconocen las competencias del Ministerio de Economía en este sector. Así, entre otros, el artículo 46.1 del proyecto señala que tendrán la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones los órganos superiores y directivos del Ministerio de Economía en materia de regulación de precios.

En las reuniones periódicas de AUTEL con el conjunto de CC.AA. observamos las consecuencias que el caos legislativo en materia audiovisual origina. El Ministerio ha anunciado la rápida publicación de la correspondiente Ley. No se conocen detalles ni borradores, ¿cuál es la situación real?

La elaboración y tramitación de la Ley General Audiovisual es una norma muy compleja que requiere grandes dosis de homogeneización, sistematización y consenso. Piénsese que se trata de una norma que, entre otras novedades y modificaciones, va a unificar el régimen normativo que actualmente está disperso en más de doce leyes. Espero que este proyecto de Ley pueda ser remitido a las Cortes Generales antes de finalizar el próximo mes.

En su opinión ¿cómo cree que va a afectar al mercado de la televisión de pago la fusión de las dos plataformas digitales?

No sólo en España sino en todo el mundo se ha producido una quiebra del modelo clásico de la televisión de pago, que se ha traducido en algunos casos en la propia desaparición de las empresas (ITV Digital, Kirch, Quiero TV).

Por ello, se están buscando modelos alternativos en el mercado de la televisión de pago, entre los que destaca la fusión de plataformas como vía para abaratar costes, generar sinergias y economías de escala y disponer de fortaleza financiera suficiente para rentabilizar un negocio marcado por los altos costes. Por ello, la fusión ha de encuadrarse en el marco de viabilidad y consolidación de la televisión de pago en España, habiendo fijado el Consejo de Ministros unas condiciones que garantizan la existencia de la competencia por otros operadores de televisión de pago como el cable.

En el Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre se estableció la nueva composición y funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones ya citado se dice: "El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, (...)". ¿Significa esto que se va a modificar?

La composición y el funcionamiento del Consejo Asesor no va a cambiar respecto a su reciente modificación operada por el Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre. En este momento, se analizan las organizaciones que pueden formar parte del nuevo Consejo por tener mayor representatividad.

Dado que la Revista AUTEL va dirigida a los usuarios empresariales de las telecomunicaciones y los servicios de la Sociedad de la Información, ¿qué mensaje querría transmitirles?

Quisiera transmitirles mi firme convicción de que, al igual que se han beneficiado de manera importante con la liberalización del sector de las telecomunicaciones a partir de 1998 en términos de poder elegir libremente a los proveedores de estos servicios y de recibir servicios más baratos, de mayor calidad y más adaptados a sus necesidades, el nuevo régimen jurídico que se va a aprobar en breve y todas las actuaciones que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se vienen realizando tienen como objetivo último dinamizar y sanear un sector que pueda trasladar a los usuarios los indudables efectos beneficiosos que una competencia plural, consolidada y eficaz implica.

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