El Tribunal Supremo Popular de China ha autorizado la prohibición a empresas europeas, de acudir a tribunales extranjeros para que defiendan los derechos sobre sus patentes tecnológicas.
Desde mediados de 2020, China está llevando a cabo una grave y sistemática vulneración de los derechos de los titulares europeos de patentes. La materialización de esa infracción se realiza a través del poder judicial chino, con la emisión recurrente de los llamados “mandatos judiciales antiproceso”. Estas decisiones impiden a las organizaciones europeas reclamar la legítima utilización y protección de sus patentes ante tribunales de estados terceros. Se trata, además, de patentes en materia de tecnologías clave, como el 5G, de las que varios fabricantes del “Dragón rojo” se están apropiando o haciendo uso ilegal, sin la compensación pertinente a sus titulares. Por lo tanto, las empresas chinas solicitan la emisión de esos mandatos judiciales para desarmar a sus competidoras europeas y conseguir su tecnología patentada a precios irrisorios, en ocasiones prácticamente gratis.
Ante la imposibilidad de alcanzar una solución amistosa, la Unión Europea ha denunciado al gigante asiático ante la Organización Mundial del Comercio.
Tras sucesivos intentos por parte de la Unión Europea de alcanzar un acuerdo para zanjar este asunto, sin corresponder por parte de China, finalmente Bruselas ha denunciado estas prácticas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). El fundamento es que esas conductas son contrarias al Acuerdo del foro internacional, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Sin duda, uno de los factores de mayor gravedad del asunto es la amenaza de imposición de multas por importes sumamente elevados que China ejerce sobre aquellos titulares de patentes que busquen la tutela de sus legítimos derechos al amparo en cortes extranjeras. Esto, en muchos casos conduce a que las compañías se resignen a la percepción de tasas de concesión de licencias indudablemente inferiores al precio de mercado.
El resultado es una merma importante en la capacidad de innovación y expansión de la industria tecnológica comunitaria, derivada de la limitación de los derechos de las empresas europeas pioneras del sector.
El vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, se ha manifestado a este respecto. Ha subrayado la importancia de proteger la industria de alta tecnología de la UE, “un motor de la innovación que nos asegura una posición de liderazgo en el desarrollo de futuras tecnologías innovadoras”. Además, ha aclarado que “las empresas de la UE tienen derecho a recurrir a la justicia en condiciones equitativas cuando su tecnología se utiliza de manera ilegal”.
Apertura de consultas y proceso de negociación
A través de la OMC se ha procedido a una apertura de consultas para intentar negociar un acuerdo con China. Si durante este período no es posible alcanzar una solución, transcurrido un plazo de sesenta días se podrá crear un panel que dirima sobre el asunto, a petición de la UE.
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