El órgano ejecutivo ubicado en Bruselas ha mostrado su preocupación en relación con la aplicación de la normativa de privacidad en el Espacio Económico Europeo. Aunque existe un consenso unánime en afirmar que el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) fue un éxito a todos los efectos en relación con la protección de datos personales, lo cierto es que su aplicación no está siendo íntegra.
En este sentido, la normativa comunitaria recoge, en su apartado sancionador, unas cuantiosas multas de hasta un 4% de la facturación anual en los casos más graves. En la teoría, este tipo de sanciones pretendían infundir temor a las grandes compañías tecnológicas en relación con la posible vulneración de la normativa. No obstante, casi 5 años después, esas multas ejemplarizantes aún no se han producido.
La razón parece clara: el RGPD encargó a las agencias nacionales de cada país investigar las violaciones de seguridad producidas por las empresas establecidas en sus territorios, no obstante; muchas de ellas no están siendo muy efectivas, llegando a beneficiar en cierta medida a las multinacionales que han vulnerado la normativa en su territorio.
En este contexto, la Comisión Europea ha decidido actuar. En los próximos meses, el ejecutivo solicitará a todas las autoridades nacionales de protección de datos información general de las investigaciones realizadas por estas a gran escala.
Dicha medida, parece ir dirigida a una Agencia concreta: la irlandesa. La isla europea es el país escogido como sede por parte de grandes compañías tecnológicas en Europa (Meta, Apple, Google…), por una cuestión puramente fiscal, lo que promueve que el gobierno irlandés y todas las empresas citadas adoptan una postura de “llevarse bien”.
Esta afirmación llega a raíz de la actuación realizada por la Autoridad Irlandesa en relación con la denuncia interpuesta contra Facebook en mayo de 2018. A este respecto, la autoridad resolvió el citado procedimiento en enero de este año.
La lentitud a la hora de resolver el procedimiento, así como la cifra que habría planteado la autoridad en su borrador inicial, (10 veces menor a la que finalmente tuvo que establecer el Supervisor Europeo) acabó levantando una importante polémica alrededor de la figura de la Agencia, lo que habría acarreado la decisión adoptada por la Comisión Europea.
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