De acuerdo con el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, la cibercriminalidad ha aumentado en nuestro país en un 25,5%. La mayoría de los 470.388 ciberdelitos constituyen estafas informáticas, dado que suponen el 90% del total.
En este sentido, cabe mencionar que el incremento de las estafas informáticas se debe a la inexistencia de políticas de prevención para entidades públicas o privadas, así como la falta de planes específicos respecto a los incidentes y su gestión. Aunque los ciberdelincuentes pueden utilizar herramientas de Inteligencia Artificial, las entidades pueden utilizarlas también para prevenir estos incidentes.
Concretamente, se recomienda desarrollar una labor de concienciación de la amenaza real de los ciberincidentes, teniendo en cuenta que, lejos de reducirse, aumentan cada año y ello afecta tanto a la propia entidad, como a la economía española. Otro elemento relevante es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no cuentan con suficientes medios técnicos y humanos para afrontar labores de investigación y persecución de estos delitos.
Igualmente, puede resultar desincentivador para las víctimas la previsión legal de archivo de causas penales si se desconoce el autor del hecho delictivo.
Por otra parte, resulta innegable que las nuevas tecnologías han propiciado la situación actual de ciberdelincuencia. En particular, los ciberdelincuentes disponen de diferentes recursos para el desarrollo de sus actividades ilegales.
No obstante, el desarrollo de ciertas directivas como NIS2 o el Reglamento DORA, y su posterior aplicación, podría conllevar un cambio significativo. Así, se garantizaría la proactividad de las empresas en lo relativo a la ciberseguridad.
Finalmente, la situación española no es excepcional debido a que el conjunto de los países europeos ha experimentado un aumento significativo de los incidentes. Además, este fenómeno trae causa de diferentes factores, tales como la digitalización o la falta de educación digital.
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