La reciente implementación del Real Decreto 933/2021 ha generado controversia en el sector turístico español debido a las obligaciones impuestas a hoteles y agencias de viajes para recopilar y conservar datos personales de los huéspedes durante tres años. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha expresado dudas sobre la compatibilidad de esta normativa con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Preocupaciones de la AEPD
En el año 2021, la AEPD señaló la necesidad de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos para determinar si la recopilación y conservación de información, que incluye detalles sensibles como medios de pago y relaciones de parentesco en el caso de menores, cumple con el principio de minimización de datos establecido por la normativa europea.
Respuesta del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, defiende que el Real Decreto ha sido analizado por la AEPD y que su contenido está amparado por el RGPD. Según el ministerio, la plataforma de hospedajes está operando con normalidad, habiendo recibido 1,3 millones de comunicaciones de datos de viajeros en los primeros días de registro obligatorio.
Opiniones del sector turístico
Representantes del sector turístico han manifestado su preocupación por la posible vulneración de la privacidad de los clientes y el incremento de la carga burocrática que implica la nueva normativa. Algunos argumentan que la acumulación de datos sensibles podría atraer ciberataques y suponen una intromisión ilegítima en la privacidad de los huéspedes.
Marco legal europeo
El RGPD establece que el tratamiento de datos personales debe limitarse a lo necesario en relación con los fines para los que se procesan. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contrario al derecho de la Unión el tratamiento masivo e indiscriminado de datos, considerándolo una intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales.
Conclusión
La implementación del Real Decreto 933/2021 ha suscitado un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de datos personales. Es esencial que las autoridades realicen evaluaciones de impacto adecuadas y que el sector turístico adopte medidas para garantizar la privacidad de los huéspedes, cumpliendo con la normativa europea vigente.
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