El incremento de estafas telefónicas en España ha llevado al Gobierno a adoptar medidas contundentes para proteger a los ciudadanos. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), una de cada tres consultas recibidas en su línea 017 está relacionada con fraudes a través de llamadas o mensajes de texto. Ante esta situación, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden ministerial con el objetivo de reducir significativamente estas prácticas fraudulentas.
¿En qué consisten estas medidas?
Entre las principales medidas adoptadas se encuentran:
- Bloqueo de llamadas y SMS no asignados: Las operadoras estarán obligadas a bloquear aquellas comunicaciones que utilicen números no asignados a ningún cliente, operador o servicio.
- Restricción de comunicaciones internacionales fraudulentas: Se bloquearán llamadas y mensajes de origen internacional que se presenten con numeración nacional falsificada, una técnica comúnmente utilizada en estafas.
- Prohibición de números móviles en llamadas comerciales: Las empresas no podrán utilizar números móviles para realizar llamadas con fines comerciales, permitiéndose únicamente el uso de números con prefijos 800 o 900, o números fijos nacionales asignados.
- Creación de una base de datos de remitentes alfanuméricos: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) gestionará una base de datos que incluirá a las empresas autorizadas a utilizar identificadores alfanuméricos en sus mensajes. Los mensajes provenientes de entidades no registradas serán bloqueados.
¿Cuál es el objeto de las nuevas medidas adoptadas?
Estas medidas buscan reducir los fraudes que, según informes del Banco de España y del Ministerio del Interior, han aumentado considerablemente en los últimos años, causando perjuicios económicos tanto a consumidores como a empresas y organismos públicos. Experiencias en otros países europeos, como Finlandia, han demostrado que iniciativas similares pueden disminuir hasta en un 90% las estafas por suplantación de identidad.
La orden ministerial entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque algunas disposiciones específicas podrán requerir plazos adicionales para su implementación completa.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos en las comunicaciones digitales, adaptándose a las nuevas tácticas empleadas por los ciberdelincuentes y fortaleciendo la protección frente a estafas telefónicas.
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